Sony pagará 7,85 millones de dólares a jugadores de PlayStation tras un acuerdo judicial
Sony Interactive Entertainment deberá afrontar un acuerdo de 7,85 millones de dólares relacionado con una demanda colectiva en Estados Unidos por la venta de videojuegos digitales en PlayStation Store. El acuerdo recibió aprobación preliminar de un tribunal federal, aunque todavía debe superar una audiencia final prevista para el 15 de octubre de 2026.
La demanda, conocida como Caccuri v. Sony Interactive Entertainment, acusa a la compañía de haber reducido la competencia en la venta de juegos digitales después de eliminar, en abril de 2019, los códigos específicos de juegos que podían comprarse en comercios externos como Amazon, Best Buy o GameStop. Desde entonces, los usuarios que querían adquirir determinados títulos digitales debían hacerlo directamente desde PlayStation Store. Sony niega haber cometido las infracciones alegadas.
¿Quiénes pueden recibir una compensación?
El acuerdo afecta a determinados usuarios de PlayStation en Estados Unidos que realizaron compras digitales elegibles entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023. Los usuarios con cuentas de PSN activas no tendrán que presentar un reclamo: si el acuerdo obtiene la aprobación definitiva, la compensación se acreditará directamente en sus billeteras de PlayStation Network.
Según los documentos judiciales, existen alrededor de 4,4 millones de cuentas de PSN potencialmente elegibles. Los usuarios con cuentas desactivadas podrán solicitar una compensación equivalente proporcionando la información necesaria al administrador del acuerdo.
Sony no ha sido declarada culpable
La aprobación del acuerdo no significa que Sony haya sido declarada culpable de prácticas monopolísticas. El tribunal todavía debe decidir si acepta definitivamente los términos del acuerdo durante la audiencia prevista para octubre.
En caso de recibir la aprobación final, el fondo de 7,85 millones de dólares se utilizará para cubrir compensaciones a los usuarios afectados, además de gastos administrativos y honorarios legales autorizados por el tribunal.